NELSON GIL    nelsongil2009@hotmail.com http://TULUA Fecha  10/18/2011 20:28 
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RECURSO APELACION SENTENCIA ACCION POPULAR IGAC TULUA   Admin: Borrar mensaje Responder Volver al foro
 
RECURSO DE APELACACION A SENTENCIA 44 DEL PROCESO 2009-356 POR FALLO EN PRIMERA INSTANCIA DEL JUZGADO DE DESCONGESTION DEL CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE GUADALAJARA DE BUGA.
DOCTOR:
ROGERS ARIAS TRUJILLO.
JUEZ ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTOS DEL CIRCUITO ADMINISTRATVO DE GUADAJARA DE BUGA.
REFERENCIA: RECURSO DE APELACION CONTRA LA SENTENCIA No. 44.
PROCESO: No. 2009-356.

CARLOS EDUARDO CAICEDO VALENCIA y NELSON GIL en calidad de accionantes en el proceso de la referencia interponemos ante usted recurso de apelación contra la sentencia No. 44 proceso No. 2009-356.
Sustentamos el recurso de la siguiente manera:
1).- En el segundo punto de la sentencia, en la parte de las pretensiones el cual se dice “que se revoque las resoluciones número 76-834-1184-20 y el oficio No. 6.22/5353 con el cual se corto la vía gubernativa a Nelson Gil.
Es de manifestarle a su despacho que esta pretensión no la solicitamos, ya que fue un error que fue subsanado para poder admitir la demanda como se demuestra con la modificación de la demanda recibida el día 25 de noviembre del 2009, donde se refiere al interlocutorio No. 868 del 19 de noviembre del 2009, donde desapareció la pretensión.
2.- En el folio 10 de la sentencia 44 en la parte de consideraciones manifiesta el juez: “como se puede ver la controversia gira en torno a actuaciones administrativas de naturaleza catastral, las cuales según el ordenamiento jurídico colombiano tiene otros escenarios para su enjuiciamiento”.
Para demostrar estos hechos palpables, hemos tenido que acudir a cifras reales realizada por el mismo IGAC, mediante las referidas mediante las cuales demostramos las cifras confirmadas en las mismas resoluciones la veracidad de los hechos resolutivos del IGAC, lo cual no quiere decir que éstas resoluciones son reclamaciones personales, por cuanto son pruebas de los razonamientos hechos por el mismo IGAC en las que se prueba la vulneración de Derechos y demás y los mismos principios se han aplicado en forma generalizada.
Por lo cual los argumentos referidos de la sentencia no, los cuales no compartimos porque así hayan actuaciones administrativas de naturaleza catastral cuando se violan derechos colectivos como en este caso el juez tiene la obligación de protegerlos ya que la ley no puede estar por encima de estos, lo que igualmente se indica en la sentencia T-377 de de agosto 15 de 1997.
Es de resaltar que lo que pretendemos es que se deje sin efecto la resolución 6.22.000-069-2008 del 22 de diciembre del 2008, porque la otra resolución y el oficio mencionado fueron suprimidos en la modificación de la demanda para que se pudiera admitir.
Es de aclarar, que esta resolución 76-834-1184-020 y 76-834-0515-20 y el oficio 6.22/5353 citados como prueba documental, donde particularmente hicimos reclamaciones individuales en el agotamiento de la vía gubernativa en procesos distintos, solo fueron traídos como prueba en el presente proceso de acción judicial porque se generalizó su aplicación, como se muestra a continuación.
Son estas unas de las razones por las cuales apelamos la referenciada sentencia, para que igualmente se incluyan los alegatos de conclusión presentados del proceso y se finiquite de manera justa la vulneración de derechos demostrados en la referida Acción Popular.
Entre otros considerandos cita: “Qué en el Municipio de Tuluá se adelanto durante el año 2008 un proceso de Actualización Catastral, al tenor de lo dispuesto en el artículo quinto de la Ley 14 de 1983, cuya vigencia para el año 2009 fue ordenada mediante Resolución 6.22.000.0069 (22 de diciembre de 2008), emanada de la Dirección Territorial Valle del Cauca del IGAC., debidamente publicada en el Diario Oficial 22 de diciembre del 2008, acorde con lo dispuesto en el artículo primero del Decreto 4787 de 2008, que rige para la totalidad de los predios urbanos y rurales del Ente Territorial, independientemente de que los predios hubiesen tenido o no modificaciones o de que hubiesen sido objeto de labores de Conservación Catastral en el periodo comprendido entre una Actualización y otra”.
Así, la interpretación de los hechos dada a la Acción Popular en contra del IGAC de la Sede Seccional de Tuluá por la supuesta Actualización Catastral realizada en el año 2008 para la vigencia del año 2009, que se realizo bajo argumentos de la Resolución 76-834-1184-20 y 76-034-01515-20 del IGAC, solo muestran unas de las causales adicionales como la anterior subrayada que son una manera de las cuales sustenta el IGAC la demostración plena de ilegalidad de los hechos al sustento de la Ley, además de que su Señoría debe sustentarse en la Ley y no en una Resolución con la que se modifica el contexto de la misma Ley y sus Decretos Reglamentarios.
No solamente estas Resoluciones, no sustentan la justificación los hechos de cómo se realizaron sus procedimientos legales de la “Actualización Catastral” legal como se indica en la Ley 14/83 en su artículo 4ª en sus partes y demás normas concordantes.
El IGAC demuestra sus hechos tal como se indica textualmente en el párrafo séptimo (que es el transcrito) del considerando expuesto por el IGAC de la Resolución 76-834-0515-20 como puede verse en: Entre otros considerandos cita, donde además, El subrayado artículo 5ª de la Ley 14/83, no da merito a Resoluciones y Decretos para que se desconozca el artículo 4ª de la misma Ley 14/83.
Lo que se realiza en una “Actualizan Catastral” es la inscripción de las nuevas mejoras que aparezcan sobre el predio durante el quinquenio, sin desconocer la parte histórica del predio que ha sido actualizada año por año con el incremento del IPC para traer a valor presente su avalúo, no como se hizo desconociendo así el artículo 58 de la Constitución Nacional en la que dice que los valores adquiridos sobre la propiedad privada no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.
También Se puede ver claramente que no es esto, (lo segundo subrayado) en: Entre otros considerandos cita que se adicionó al articulo 1ª del referido Decreto 4787 en la referida Resolución 76-834-0515-20 a lo que dice el Decreto 4787 en su artículo primero, el cual dice textualmente así:
ARTÍCULO PRIMERO: Los avalúos catastrales de los predios urbanos y rurales formados o actualizados durante 2008, regirán a partir del 1ª de enero de 2009, en los municipios o zonas donde se hubieren realizado.
Puede verse claramente que en ninguna parte de éste artículo dice lo adicionado y que no se concibe: “independientemente de que los predios hubiesen tenido o no modificaciones o que hubiesen sido objeto de labores de Conservación Catastral en el comprendido entre una y otra Actualización”, para que a todos los predios se actualicen con el artículo 1ª del Decreto 4787 de 2008, por lo cual se muestra aquí una violación a la vía de hecho e inconcebible del IGAC.
Pues, es esta una modificación propia del IGAC adicionada y arbitraria a la Ley y aplicada en la citada Resolución del IGAC y reconocida así, como error de vulneración aplicada como cierta del artículo 1ª del Decreto 4787 de 2008. He ahí, una prueba reina de la vulneración de derechos y el debido proceso y generaliza, aparte de los razonamientos y demás expuestos en los alegatos de conclusión.
Puede verse también en términos generales, que sobre la “Actualización Catastral” indicada por la Ley 14/83 después de su Decreto Reglamentario 3496 de 1983, se han dictado nuevos Decretos y Resoluciones con el fin de sustentar sus procedimientos legales de realizar todos los eventos generales que conlleven a una aplicación precisa de una “Actualización Catastral”, clara como se indica en sus mismas normas las cuales deben ser plenamente demostradas, tal como lo dice también el Decreto 422 de marzo 8 del 2000 en su artículo 4° el cual reza así:
4. Integridad y suficiencia: Los avalúos deben contener toda la información que permita a un tercero concluir el valor total del avalúo, sin necesidad de recurrir a fuentes externas del texto. Adicionalmente, debe ser posible verificar todos los cálculos que soporten el resultado final y los intermedios.
Para lo cual se requiere que la Ley sustente ya que la ley no puede estar por encima de estos, lo que igualmente se indica en la sentencia T-377 de de agosto 15 de 1997 traída al caso.
Siendo este uno de los criterios claros y precisos los indicados para que a nadie se le desconozcan, para que un funcionario al hacer una inspección ocular solo recomienda que se confirme el avalúo a lo cual el IGAC tajantemente sin demostrar los hecho se limita a reconfirmar tal hecho. Ver resolución 76-834-1184-20 anexa al proceso.
Similarmente en la Resolución 76-834-0515-20 en el párrafo quinto de los considerandos, reconocen que lo que se afirma de que no existen nuevas mejoras sin embargo, esto no indica nada para el IGAC y desconoce de igual forma generalizada volviendo a “Formar” el predio como nuevo al aplicar el artículo 1° cuando se debe aplicar es el 2° del Decreto 4787 de 2008, por cuanto no existen nuevas mejoras y su valor ya ha sido actualizado anualmente, a lo cual no debe volver a formar el predio como nuevo.
Ante semejantes modificaciones y desconocimiento de las normas, el IGAC sigue violando lo preceptuado en la misma Ley 14/83 en sus artículo 3ª, 4ª 5ª y demás normas concordantes, sus Decretos Reglamentarios y normas concordantes que reglamentan sus procesos legales, lo cual se convierte en causa de la vulneración de derechos ya que a todos se los aplicaron como se comprueba con estas resoluciones.
Ante ésta aplicación concebida y realizada por el IGAC, la justicia tampoco se puede convertir en juez y parte de la vulneración de derechos y de hechos indemostrados que no se ajustan a la Ley tal como se demuestran bajo los razonamientos indicados por las mismas normas y este proceso.
Son éstas razones más como la anterior para mostrar la vulneración de derechos y el debido proceso, por lo cual pedimos que no se desconozcan y se incluyan los alegatos de conclusión dentro del proceso de investigación para determinar el fallo definitivo en procura de la defensa de los derechos colectivos, la vulneración de derechos causados y demostrados que mediante la Actualización Catastral del 2008 se realizó en Tuluá, bajo los razonamientos demostrados dentro de todo el contexto de la Acción Popular y sus Alegatos de Conclusión.
Respeto de la Sentencia T-377 de agosto 15 de 1997, es muy claro en que se debe desarrollar por autoridades públicas encargadas de adelantar la Formación, Actualización y Conservación de los Catastros, que igualmente deben realizarse con todas las garantías procesales destinadas a proteger los derechos de los afectados.
En concordancia a estos hechos, solo nos hemos limitado a demostrar plenamente bajo lo preceptuado en las mismas normas expuestas que reglamentan sus procedimientos adicionando razonamientos que indican de manera puntual y precisa, lo que se indica en el artículo 1° y 2° del Decreto 4787 de diciembre de 2008.
Bajo estos expuestos se demuestra bajo todo punto de vista que no se puede desconocer que si se están violando los derechos que se reclaman mediante la Acción Popular en discusión y que este proceso no es ni se ajusta a una reclamación personal ni individual.
Cabe destacar, que las reclamaciones y recolección de firmas de más de 400 personas de Tuluá, allegadas al proceso de la Acción Popular referida, muestran la inconformidad por la Vulneración de Derechos aplicada mediante la Actualización Catastral realizada en Tuluá por el IGAC, al igual que las protestas realizadas ante la Administración Municipal de Tuluá y que en su momento diferentes personas para evitar un caos de protesta le informaron a la comunidad de la existencia de la referida Acción Popular que en su momento se presento para reclamar sobre sus derechos.
En conclusión, por los demostrados razonamientos expuestos en la Acción Popular y sus Alegatos, los indemostrados razonamientos expuestos del IGAC y los desconocidos alegatos e inadmitidos y desconocidos expuestos razonamientos del artículo 1ª y 2ª del Decreto 4787 de 2008, por parte del Juez, no se puede considerar que la Acción Popular y sus Alegatos y los gritos de la comunidad, dan merito para que se considere que todos estos expuestos en procura de la defensa de nuestros derechos de la comunidad en general, solo se ajustan a una reclamación personal.
Ante el desconocimientos de las vías de hecho, todos los expuestos en la Acción popular y sus Alegatos son hechos que demuestran la Vulneración de Derechos, la tradición histórica y de hecho, la Violación del Debido Proceso.
Es como ante estos hechos indemostrados, apelamos el fallo de la Sentencia 44 del Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito judicial de Guadalajara de Buga.
Se muestra así una vez más, que la vulneración de derechos colectivos se generalizo bajo la “Actualización Catastral” realizada en Tuluá en el año 2008 para vigencia del año 2009, bajo los expuestos del artículo 1° del Decreto 4787 de 2008 y amparo mediante la Resolución 6.22-000-069-2008 de diciembre 22 de 2008.
De usted atentamente,

___________________________ ___________________
CARLOS EDUARDO CAICEDO VALENCIA NELSON GIL.
C.c. No. 16.351.567 de Tuluá. C.c. No. 16.467.201 de B/ventura.
[email protected] [email protected]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 


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